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Dos abogados acudieron esta tarde a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a solicitar que declare inconstitucional el Decreto 728, mediante el cual la Asamblea Legislativa modificó el destino del préstamo de $250 millones otorgado por el BID para enfrentar diferentes gastos originados por la emergencia del COVID-19.

«Estoy en la Sala Constitucional, solicitando la inconstitucionalidad del decreto 728 referente al presupuesto, por injerencia de la Asamblea», posteó en su cuenta de Twitter el abogado Walter Martínez, quien llegó acompañado de su colega Manuel Alexander Guevara Hernández.

Según el decreto, que fue publicado en el Diario Oficial el pasado 9 de este mes, los diputados solo asignaron $197,401,355.00, entre los que incluyeron $75 millones para las alcaldías y $52 millones para pensiones de veteranos y excombatientes, que no estaban contemplados en los destinos originales de los recursos, establecidos por el Ministerio de Hacienda.

De acuerdo a la ley a la Asamblea le correponde legislar, pero la distribución y el destino de recursos en el Presupuesto General de la Nación, es una atribución exclusiva del Gobierno, por medio del Ministerio de Hacienda.

https://twitter.com/MostroWam/status/1309224933323689986?s=19
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