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Las exigencias de las alcaldías al Gobierno del Presidente Nayib Bukele se han incrementado en estos días, con una clara agenda mediática de polítizar los recursos que no se han otorgado por la caída exponencial de ingresos que ha sufrido El Salvador debido a la emergencia del COVID-19.

A pesar que en reiteradas ocasiones, el Ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya manifestó a los diputados de la Asamblea Legislativa la urgencia de aprobar los fondos gestionados con Organismos Multilaterales, los parlamentarios aprobaron en su tiempo y a su conveniencia los destinos, aún sabiendo que en tiempo de crisis, esos recursos irían destinados directamente a la población.

Actualmente, la exigencia de los ediles se basa principalmente en solicitar que el Ejecutivo cumpla los procesos, pero, son ellos los que no cumplen al pie de la letra lo que dicta la Ley, ya que hasta el momento, sólo dos de las 262 alcaldías del país, ha cumplido con entregar el Informe que garantiza y transparenta los gastos que los alcaldes y sus concejos municipales, han realizado del 75% del FODES, el cual, debieron utilizar para ayudar a combatir la crisis sanitaria originada por la pandemia del COVID-19.

De acuerdo con el Decreto No. 624, aprobado en abril de este año, las 262 municipalidades deben presentar el Informe de liquidación de los gastos al Ministerio de Hacienda y al Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal, sin embargo, 260 alcaldías no han hecho llegar dicho documento.

El informe debe contener los gastos de las acciones ejecutadas por las alcaldías para proteger a sus habitantes, las cuales, debieron estar enfocadas en la prevención y la mitigación de las afectaciones generadas por el COVID-19.

Si exigen cumplimiento de procesos administrativos, deben cumplír también desde la administración edilicia tales procesos poque son puestos de elección popular y deben transparentar el uso de fondos que el Gobierno brindó en aras de garantizar el bienestar de la población.

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