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IMG 20200612 WA0000 1 - Cámara Penitenciaria ordena poner en libertad a Julio Rank, acusado de lavar más de $8 Millones

La Cámara Mixta de Tránsito y de Vigilancia Penitenciaria ordenó, este viernes 12 de junio, que el exsecretario se Comunicaciones de la Presidencia, Julio Rank, salga del penal La Esperanza, conocido como Mariona, casi dos meses y medio después de haber sido favorecido con la libertad condicional anticipada.

El pasado 30 de marzo, el Juzgado Primero de Vigilancia Penitenciaria de San Salvador le otorgó ese beneficio, tras una resolución de hábeas corpus admitida por la Sala de lo Constitucional.

Pero el exfuncionario no pudo salir de la cárcel porque la Fiscalía General de la República anunció que apelaría la resolución, porque no reunía los requisitos para otorgarle la libertad.

Rank fue condenado por el Tribunal Segundo de Sentencia a cinco años de prisión por lavado de dinero, en un procedimiento abreviado.

Al momento de presentar el escrito de apelación, el Ministerio Público dijo que debía revocarse la libertad de Rank, y argumentó que no se cumplieron los requisitos de los artículos 85 y 86 del Código Penal, donde establece que el beneficio no se puede otorgar solo porque tiene más de 60 años y haber cumplido la tercera parte de la pena.

La Fiscalía cuestionó que tiene pendiente el pago de la responsabilidad civil que oscila en $8 millones y tampoco se envió un dictamen por parte del Consejo Criminológico en el que se diga que es un reo apto para abandonar el sistema penitenciario.

El defensor de Julio Rank, Lisandro Quintanilla, ante la negativa de ponerlo en libertad presentó un seguimiento de hábeas corpus, en abril; el abogado señaló que el juez nunca debió aplicar el efecto suspensivo a la resolución de libertad condicional, ya que solo debía cumplir con lo ordenado por la Sala de lo Constitucional.

En el procedimiento abreviado, Rank fue condenado a cinco años luego de admitir que en su calidad de funcionario de Casa Presidencial había blanqueado $8,381,130.30.

La condena le fue impuesta el 21 de noviembre del año 2018, pero quedó ejecutoriada el 17 de diciembre del mismo año.

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