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jorge rivas scaled - Exalcalde de ARENA en Coatepeque tendrá que pagar más de $145,700 por reparos patrimoniales

El exalcalde de ARENA en Coatepeque, Jorge Alberto Rivas, quien fue capturado y acusado de peculado y negociaciones ilícitas en 2019, deberá pagar, junto su concejo municipal, $145,787.29 en concepto de responsabilidad patrimonial por varios reparos de corrupción durante su administración, según consta en una auditoría realizada por la Corte de Cuentas de la República (CCR).

Mora por no pagar recibos de energía, utilizar fondos municipales para pago de celulares e incumplimiento de cuotas de pago a préstamos son algunos de los señalamientos que hizo la CCR a las ex autoridades municipales. La CCR encontró 20 hallazgos dentro del periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019, de los cuales, en seis se determinó responsabilidad civil, en el resto responsabilidad administrativa.

En la auditoría se responsabilizó, además del exalcalde, al síndico municipal José Menjívar; Margarito Hernández, primer regidor propietario y alcalde interino; a los regidores Mirna Trejo Mauricio Garay, Víctor Aguilar, Guillermo Chavarría, Maximino Guardado, José Landaverde, Rafael Coto, Manuel Rivas. También al jefe de la UACI, Guillermo Chávez, al contador Luis Vanegas, a la tesorera y regidora Rosa López y al auditor Joel Peñate.

Según el informe de auditoría, «se comprobó que la Administración Financiera Municipal, no registró diaria ni cronológicamente en el Sistema de Administración Financiera Integrado Municipal (SAFIM) los hechos económicos, concernientes a la ejecución del presupuesto de ingresos y egresos, ambos aprobados por un monto de $3,975,771.52».

La Corte señala también que se utilizaron $58,347.45, entre bienes y servicios, «sin beneficio al municipio y sin direccionamiento a objetivos institucionales». También, hubo erogaciones efectuadas por un monto de $5,921.05 en concepto de ayudas a personas naturales para pago de excursiones u otras colaboraciones, «cuya documentación de soporte, corresponde a fotocopias con fechas del año 2017 y 2018».

La municipalidad también distribuyó $7,849.23 «cuyo acuerdo fue elaborado posterior a la adquisición y al pago», en concepto de pólvora y a otros destinatarios que se desconoce el motivo. También se cuestiona $30,495.25 erogados «que su documentación de soporta, no es procedente; debido a que son respaldos con recibos simples emitidos por la municipalidad y vales de envío», detalla la auditoría.

Además, la Corte de Cuentas señala que el exalcalde y su concejo incurrieron en pagos de interés por mora de $2,776.92 por no cancelar a tiempo los recibos de energía eléctrica, pese a que la mayoría de ciudadanos pagan los impuestos.

Además de las moras, la Corte encontró «deficiencias en la gestión de telefonía celular, debido a que la municipalidad erogó $18,503.01: financiado con el FODES 25% de $10,621.83 y con el fondo municipal $7,881.18».

Exalcalde sigue investigado

Jorge Alberto Rivas, quien permaneció tres periodos en la comuna, fue capturado en 2019 por el delito de peculado y negociaciones ilícitas. La Fiscalía lo arrestó junto a otras 24 personas, entre ellos integrantes del concejo municipal.

Según las investigaciones de la Fiscalía el funcionario habría malversado $441,375.67, en 11 proyectos otorgados, pero que nunca fueron ejecutados. Todo lo anterior con el aval de su concejo municipal y previo arreglo con los contratistas privados.

Una de las irregularidades más destacadas fue la aprobación de un contrato con una empresa de telefonía móvil, para la adquisición de líneas celulares no encontradas en la municipalidad.

En enero pasado, el Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana liberó a Rivas y los demás acusados. Sin embargo, la Fiscalía tiene un año para presentar las pruebas de la corrupción cometida por los acusados.

« No existe conocimiento de dónde se encuentran los teléfonos celulares que paga la municipalidad, sin estar registrados como bienes institucionales, es decir no forman parte de los bienes muebles del municipio. El costo del contrato supera los $25,000.00 y fue realizado para el año 2015», dijo la Fiscalía.

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