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IMG 20210108 143052 - Presidente de la Corte de Cuentas usa recursos del estado para celebrar su cumpleaños con una fiesta privada en horas laborales

Grupos sindicales del Órgano Legislativo denunciaron este viernes 8 de enero el uso de recursos del estado por parte de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para la celebración de una fiesta por el cumpleaños del magistrado presidente Óscar Pineda Navas.

La fiesta se desarrolló en una residencia privada ubicada en la zona del Volcán de San Salvador. Los grupos sindicales han denunciado el uso de vehículos y otros recursos del Estado para la celebración del natalicio del magistrado presidente de la institución.

Reina Sigarán, secretaria general del Sindicato de Empleados Judiciales Salvadoreños (SINEJUS), aseguró que «no es justo que ellos hagan uso de recursos del Estado y quieren recrmiinar cuando nosotros los sindicatos denunciamos».

«Están usando recursos de la Corte para celebrar el cumpleaños del señor Pineda Navas. Queremos ver cuántos magistrados han dejado su curul, cuántos empleados han dejado la Corte sola por venir a hacer esta celebración y han dejado sus labores. Nos han querido oprimir denunciando penalmente acusándonos de desorden público cuando en tiempos de pandemia lo que exigíamos eran medidas de seguridad», aseguró la líder sindical.

Por su parte, Domingo Rivas, secretario de Organizaciones del Sindicato de Trabajadores del Órgano Judicial (SITOJ), remarcó el uso de recursos del Estado y aseguró que cualquier tipo de reunión que los magistrados quisieran realizar puede efectuarse en las mismas instalaciones de la Corte Suprema.

Eduardo Cáder, magistrado de la CSJ, desmintió categóricamente dichas acusaciones y aseguró que la reunión es de carácter laboral y que se trata de una sesión de planificación de trabajo. Además, aseguró que lo invertido en dicha reunión es costeado por ellos mismos.

«Es una reunión de planificación de todo lo que se va a realizar con todos nuestros colaboradores, coordinadores y los cuatro magistrados de Sala. Es una reunión de trabajo como cualquier otra que tenemos a lo largo del año. En eso estamos, planificando en reunión de trabajo. Es un taller con nuestros colaboradores», aseguró el magistrado Cáder, remarcando que no había nadie externo en las instalaciones.

«Todo lo que estamos aquí utilizando de agua, gaseosa, alimentación es financiado con recursos de los colaboradores y de los magistrados. No hay ningún recurso de la Corte Suprema de Justicia. No existe una derogación de fondos públicos. No hay ninguna celebración. El magistrado presidente no se ha hecho presente en esta reunión», agregó.

Recientemente se ha conocido que Pineda Navas ha sido denunciado por una ciudadana ante el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) por actos contrarios al decoro y por infracciones a los deberes y a las prohibiciones éticas en una colonia de San Salvador.

La denuncia fue interpuesta por Margarita González y recibida por el TEG el pasado 5 de enero. Además, un informe de la Policía Nacional Civil (PNC) detalla que el pasado 12 de diciembre la policía recibió la llamada de la denunciante por alteración del orden por parte de los vecinos (Pineda Navas y un acompañante), «quienes tienen la música a todo volumen, impidiéndole poder descansar», se lee en el informe policial.

«El señor presidente, incumplió el deber ético de: “utilizar los bienes, fondos, recursos públicos o servicios contratados únicamente para el cumplimiento de los fines institucionales para los cuales están destinados”, dado que el automóvil, combustible, conductor y seguridad, no le han sido proporcionados para que ande haciendo desórdenes que alteran la paz y tranquilidad en un complejo habitacional poblado, mayoritariamente, por personas de la tercera edad», se lee en la denuncia.

Sobre este caso el presidente del TEG, Néstor Castaneda, dijo que dicha denuncia aún no ha sido recibida en el Pleno. «No puedo adelantar criterio porque está reciente y no tengo conocimiento de esa denuncia», dijo.

Mientras que de la CSJ dijeron que “en este momento no es viable brindar un pronunciamiento técnico en una etapa previa a la notificación oficial de la supuesta denuncia. Es decir que hasta esta fecha no se ha recibido documentación alguna que vincule al funcionario con la denuncia que menciona”

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