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En menos de 24 horas la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha emitido 8 resoluciones en las que blinda las candidaturas de seis políticos; cinco de ARENA y uno del PDC, para las próximas elecciones que han sido cuestionadas por diversos ciudadanos.

En las últimas dos resoluciones, la Sala declaró improcedentes dos demandas del ministro de Trabajo, Rolando Castro, sobre la presunta inconstitucionalidad de la candidatura de Ernesto Muyshondt, a la alcaldía de San Salvador y, de Roberto José D´Aubuisson Munguía del partido ARENA, aspirante a la comuna de Santa Tecla, y quien ha desobedecido fallos de un juez para reinstalar a empleados destituidos de su alcaldía.

Para el caso de ambos candidatos, los magistrados de la Sala de lo Constitucional justifican diciendo que «tal decisión es que existe cosa juzgada constitucional, al existir un precedente que indica que el acto mediante el cual las Juntas Electorales Departamentales inscriben a un candidato a alcalde no es de aplicación directa de la Constitución, cuando el requisito exigido no aparece en esta última», se lee en la resolución del máximo tribunal.

De acuerdo a eso, la Sala remite a que si la autoridad competente avaló esas candidaturas y si no agotaron los reclamos ante esa instancia, pues las candidaturas seguirán firmes.

El demandante alegó que la inscripción de Muyshondt y D´Aubuisson no cumple con el requisito de «moralidad e instrucción notaria» previsto en el artículo 126 de la Constitución de la República, ya que «tiene procesos penales pendientes».

En el caso de Muyshondt se argumentó que está sujeto a medidas alternas a la detención provisional por los delitos de fraude electoral y agrupaciones ilícitas en el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador.

Muyshondt es acusado de negociar con pandillas en las elecciones presidenciales de 2014 y en las elecciones legislativas y municipales de 2015, «para entregarles “[…] bienes económicos a sujetos que se dedican a delinquir”». Además, es acusado de apropiación o retención de cuotas laborales en el Juzgado Octavo de Instrucción de San Salvador en perjuicio de cientos de empleados de la alcaldía.

Mientras que, en el caso del candidato a la alcaldía de Santa Tecla, D´Aubuisson, es cuestionado por el incumplimiento de órdenes judiciales y por estar siendo procesado penalmente.

D´Aubuisson Munguía, como parte del Concejo Municipal de Santa Tecla y en su calidad de alcalde de dicho municipio, ha incumplido las órdenes de reinstalo de un grupo de trabajadores municipales y de pago a favor de los mismos, argumentó Castro.

El máximo tribual dijo que el demandante «incurre en una errónea determinación del parámetro de control. En la demanda, el solicitante sugiere como canon de enjuiciamiento constitucional el art. 202 Cn. en relación con los arts. 72 ord. 3º y 80 inc. 1º Cn. Sin embargo, al desarrollar el motivo de inconstitucionalidad aduce que el acto impugnado conlleva la violación de uno de los requisitos previstos en el art. 126 Cn., es decir, cambia el parámetro de control, lo cual desnaturaliza el contraste normativo que formula, dado que pretende impugnar un acto subjetivo público con base en una disposición constitucional relativa a los diputados de la Asamblea Legislativa.»

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