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La Sala de lo Constitucional resolvió la controversia en favor del Gobierno del Presidente Bukele al confirmar la inconstitucionalidad del decreto legislativo 781 por vicio de forma, con el que los diputados pretendían incorporar al Presupuesto General de la Nación dinero para sus alcaldes, beneficios a veteranos de guerra y la contrapartida de FOMILENIO II, recursos que ya tenían destinos específicos.

La Sala resolvió en su sentencia “que continúa vigente el aludido Decreto Legislativo n° 640, en los términos en que fue aprobado”, y negó las modificaciones propuestas por los diputados al mismo decreto.

Asimismo, el decreto legislativo declarado inconstitucional, según los magistrados de ese tribunal, infringe “los principios de planificación y equilibrio presupuestario establecidos en el artículo 226 de la Constitución”, quien determina que esa labor es exclusiva del Ministerio de Hacienda, tal como lo argumentó el Ejecutivo.

Con el decreto legislativo 781, la Asamblea Legislativa invadió funciones al tomarse atribuciones que le corresponde únicamente al Ejecutivo, quien tiene la dirección de las finanzas públicas.

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